A 50 días del bloqueo, inversión millonaria en Topolobampo sigue paralizada

Empresarios alertan que la suspensión de la planta de fertilizantes ya impacta empleos, negocios y la llegada de nuevas inversiones a la región

Topolobampo, Sinaloa.- A 50 días del bloqueo que mantiene detenida la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, el impacto económico comienza a extenderse más allá de la obra. La inversión, superior a los mil 800 millones de dólares y con un avance físico de más del 90 por ciento, permanece sin posibilidad de concluir sus etapas finales, mientras empresarios, trabajadores y prestadores de servicios advierten afectaciones crecientes en la economía regional. El proyecto había generado alrededor de 3 mil empleos directos y cerca de 7 mil indirectos, vinculados con transporte, hospedaje, comercio, proveeduría y diversos servicios.

Aunque no existen cifras oficiales sobre el monto de la derrama económica que ha dejado de circular durante este periodo, representantes del sector productivo coinciden en que los efectos ya son visibles en Topolobampo y Los Mochis. Restaurantes, arrendadores de vivienda, transportistas, proveedores de materiales y pequeños comercios reportan una disminución gradual en la demanda derivada de la suspensión de actividades en una de las inversiones privadas más importantes del noroeste del país.

El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, Isaac Maya Pérez, señaló recientemente que miles de trabajadores permanecen a la espera de que puedan reanudarse las labores. Explicó que el bloqueo ha impedido el ingreso del personal especializado responsable de las etapas finales de construcción, así como de las pruebas técnicas y trabajos de mantenimiento indispensables para la puesta en operación de la planta.

La incertidumbre también ha encendido alertas entre organismos empresariales, que consideran que el conflicto podría tener repercusiones más allá del proyecto actualmente detenido.

Juan Pablo Castañón, expresidente nacional de Coparmex y exdirigente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, advirtió que uno de los mayores riesgos consiste en perder inversiones estratégicas que podrían fortalecer el desarrollo económico de la región.

“Yo creo que una de las principales causas sería dejar ir inversiones y no tener una visión de futuro. Es una responsabilidad de nuestro tiempo, de nuestra generación. No lo estamos haciendo bien”, expresó.

En el mismo sentido, Humberto Angulo Rendón, expresidente de Canaco Los Mochis, consideró que la prolongación de conflictos relacionados con proyectos de inversión puede afectar la confianza de otras empresas interesadas en establecerse en la región.

“La principal causa sería lo que estamos viviendo. Los conflictos sociales. Corremos el riesgo de que otras inversiones ya no se vengan”, señaló.

Representantes del sector empresarial sostienen que la incertidumbre prolongada no sólo afecta a la obra detenida, sino también a proveedores regionales y a compañías que analizan desarrollar nuevos proyectos en el puerto de Topolobampo, considerado uno de los polos logísticos con mayor potencial en el Pacífico mexicano.

Especialistas en desarrollo económico explican que las consecuencias de una suspensión de esta naturaleza suelen presentarse de forma escalonada. En una primera etapa disminuyen las ventas de pequeños negocios y prestadores de servicios; posteriormente se reduce la actividad de la cadena de proveeduría y el empleo indirecto; finalmente, puede deteriorarse la percepción de certeza jurídica y operativa que los inversionistas consideran al evaluar nuevos proyectos.

El debate económico, sin embargo, continúa acompañado de las preocupaciones ambientales y sociales que originaron el conflicto. Organizaciones opositoras al proyecto mantienen sus inquietudes sobre posibles afectaciones a la Bahía de Ohuira y a las actividades pesqueras de la zona.

Por su parte, autoridades federales han reiterado que la planta cuenta con las autorizaciones ambientales vigentes y que dependencias como la Semarnat y la Profepa mantienen la supervisión del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas para el proyecto.

Durante julio, el Gobierno de México promovió mesas de diálogo entre autoridades, comunidades, organizaciones sociales y representantes relacionados con la planta, de las cuales surgieron compromisos para fortalecer la vigilancia ambiental, desarrollar infraestructura social y dar seguimiento institucional a los acuerdos alcanzados.

Pese a esos esfuerzos, el bloqueo permanece sin resolverse y la construcción de la planta continúa suspendida cuando está próxima a cumplir dos meses de inactividad, en un escenario que mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores, decenas de empresas proveedoras y diversos sectores económicos que dependen directa o indirectamente del proyecto.