Campo sinaloense respalda planta de GPO, pero exige garantías ambientales

CAADES y COUC condicionan su apoyo a que el proyecto en Topolobampo cumpla estrictamente con la normatividad ambiental y de seguridad para dar certeza al abasto de fertilizantes.

Los Mochis, Sinaloa. – Los principales organismos agrícolas del sector privado y social en Sinaloa coincidieron en que la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyectada para operar en Topolobampo, representa una oportunidad estratégica para garantizar el suministro de fertilizantes al campo mexicano y reducir los costos de producción. Sin embargo, advirtieron que su respaldo está condicionado al cumplimiento absoluto de todas las normas mexicanas en materia de seguridad, protección ambiental y conservación de los ecosistemas.

Durante el tercer Encuentro de Diálogo e Información sobre el proyecto de GPO, en el que participaron representantes de los sectores productivos, autoridades de los tres niveles de gobierno y miembros del pueblo originario de la región, incluidos integrantes del colectivo Aquí No, que mantiene su oposición a la planta, dirigentes agrícolas señalaron que el desarrollo industrial debe avanzar únicamente si existe plena certeza de que no ocasionará afectaciones ambientales.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Alberto Rojo Plascencia, afirmó que los productores serían de los principales beneficiarios de contar con una planta de fertilizantes en el norte del estado, siempre y cuando las autoridades determinen que cumple con todos los requisitos legales y ambientales.

Explicó que actualmente los agricultores enfrentan elevados costos logísticos al adquirir fertilizantes provenientes del sur del país, situación que incrementa considerablemente el precio final del insumo.

“Primero que nada, cumpliéndose con las expectativas tanto de seguridad como de impacto ambiental y que el gobierno lo determine positivo, nosotros seríamos muy beneficiados como agricultores”, expresó.

Rojo Plascencia detalló que disponer del fertilizante a una menor distancia permitiría reducir significativamente el costo del transporte, el cual, aseguró, puede representar incrementos de hasta 47 por ciento en el precio del producto, además del impacto fiscal derivado del IVA y otros costos asociados.

Añadió que una planta instalada en Topolobampo también ofrecería mayor certidumbre en el abasto, evitando incrementos de precio en las temporadas de mayor demanda.

“Nosotros tendríamos el abasto y la certeza de que no habría esas subidas de precio cuando realmente los productores lo estamos necesitando”, puntualizó.

El dirigente de CAADES insistió en que la supervisión de las autoridades será determinante para garantizar que el proyecto opere bajo los más altos estándares de seguridad y protección ambiental.

“Primero tiene que partir de ahí, de que se cumpla con todo en el área de seguridad y en el área de impacto ambiental; posteriormente nosotros seríamos muy beneficiados como productores”, reiteró.

En el mismo sentido, el secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa, Agustín Espinoza Laguna, consideró que una planta de fertilizantes es necesaria para un estado cuya economía agrícola depende en gran medida de este insumo.

“Sinaloa depende mucho de los fertilizantes para una de sus mayores actividades económicas, como es la agricultura”, sostuvo.

No obstante, reconoció que la oposición de algunos sectores obedece principalmente a la falta de información y de respuestas claras sobre los posibles impactos ambientales y sociales del proyecto.

Espinoza Laguna señaló que durante reuniones previas ha planteado interrogantes tanto sobre los beneficios como sobre los posibles riesgos que pudiera representar la planta, al considerar que la discusión debe darse con información objetiva y transparente.

A su juicio, además del cumplimiento de las normas por parte de la empresa, los gobiernos federal, estatal y municipal deben asumir compromisos concretos que brinden confianza a la población.

Indicó que las autoridades no solo deben confirmar que el proyecto cumple con la legislación vigente, sino también explicar qué acciones adicionales realizarán para garantizar la seguridad, la vigilancia ambiental, la capacitación de las comunidades y el impulso económico de la región.

“Creo que eso terminaría por darle certidumbre a todo mundo. Para los productores, de antemano, creo que es beneficioso y ayuda muchísimo a Sinaloa, pero hay que ver también la otra parte”, concluyó.

Las posturas de CAADES y COUC reflejan una coincidencia entre los principales representantes del sector agrícola: la instalación de la planta de GPO podría fortalecer la competitividad del campo sinaloense, reducir costos de producción y asegurar el suministro nacional de fertilizantes, siempre que el proyecto se desarrolle con estricto apego a la legislación ambiental, bajo una supervisión permanente de las autoridades y con transparencia hacia las comunidades involucradas.