Legislar sobre causales de remoción de titular de FGES, era obligatorio: Dip. Marco Antonio Zazueta 0 133

Culiacán.- Armonizar el orden normativo con la Constitución federal, Constitución local y las leyes secundarias para que se haga efectiva la persecución de los delitos y el acceso a la justicia, era una obligación y no lleva dedicatoria para nadie, afirmó el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

El legislador de Morena explicó que esta armonización implica incluir en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la obligación de elaborar un Plan de Persecución Penal, y también causales de remoción del titular de la Fiscalía.

Durante la discusión del correspondiente dictamen en sesión extraordinaria que tuvo lugar este viernes, Zazueta Zazueta puntualizó también que la Fiscalía General, aunque sea un organismo autónomo, no deja de estar sujeto a la Constitución de la República, al igual que todas las instituciones y Fiscalías de las entidades federativas.

A nivel federal, expuso, se establece como deber para la Fiscalía de la República la obligación de que el fiscal general elabore un Plan de Persecución Penal y que lo apruebe el Senado.

Para el caso de Sinaloa, expuso, de manera muy desafortunada en la ley local se omitió de origen el tema relacionado con el Plan de Persecución Penal, por lo que es pertinente actualizarlo ahora.

En lo que se refiere a las causales de remoción del titular de la fiscalía, agregó, también hay un vacío producido por un error de apreciación en la legislatura pasada.

“De ahí –puntualizó– que se haga necesario legislarlo para una mayor certeza jurídica”.

Sobre el mismo tema se pronunció el diputado Édgar Augusto González Zatarain, quien coincidió en que la actual reforma estaba rezagada desde hace mucho tiempo.

“La importancia de esta iniciativa –dijo– destaca en materia de transparencia porque fortalece los mecanismos que garantizan una mejor actuación, eficiencia, profesionalismo y honradez de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado”.

Elaborar un Plan Estratégico de Transición cuyo eje rector es el Plan de la Persecución Penal, añadió, es una obligatoriedad que a nivel federal se tiene desde el 2017.

Sin embargo, coincidió que en el caso de Sinaloa, al publicarse la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa en 2017 se omitió incluir la elaboración de dicho plan.

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