Alerta agraria: familiares despojan a ejidatarias que no saben leer

La Procuraduría Agraria detectó dos casos en Escuinapa y Guasave; reforzará alfabetización con ISEJA

Culiacán, Sinaloa. – Dos casos de ejidatarias que no saben leer ni escribir y que presuntamente fueron despojadas de sus propiedades por familiares cercanos han sido detectados en Sinaloa, reveló Juan Carlos Patrón Rosales, titular de la Procuraduría Agraria en el estado, quien advirtió que el problema podría ser mayor conforme se intensifique el contacto directo con las familias de la propiedad social.

Explicó que uno de los casos corresponde a Escuinapa y el segundo llegó recientemente desde Guasave. Se trata de mujeres adultas mayores cuyos propios hijos, nueras o yernos habrían realizado movimientos sobre sus títulos o parcelas utilizando su huella digital, aprovechando que las afectadas no saben leer ni escribir. Patrón Rosales señaló que, además de la defensa jurídica que ya brindan los abogados de la dependencia, se redoblarán esfuerzos para prevenir este tipo de situaciones mediante un convenio con el Instituto Sinaloense para la Educación de los Jóvenes y Adultos (ISEJA).

El funcionario destacó que la Procuraduría Agraria cuenta con equipos de abogados y coordinadores, así como residencias en Los Mochis, Guasave y Culiacán, además de oficinas de atención y 45 centros distribuidos en los municipios, donde los ejidatarios y comuneros pueden recibir orientación gratuita. Estos espacios también funcionarán como puntos de encuentro para que las personas adultas accedan a servicios de alfabetización y educación básica.

Rubén Miranda, titular del ISEJA, señaló que la estrategia busca atender especialmente a grupos vulnerables y comunidades rurales que históricamente han enfrentado rezago educativo. Destacó que la coordinación permitirá focalizar los servicios en ejidatarios, pequeños agricultores y mujeres del sector rural, con el objetivo de que la falta de educación no vuelva a convertirse en una puerta para abusos sobre su patrimonio. El convenio replica en Sinaloa un acuerdo establecido a nivel federal entre la Procuraduría Agraria y el INEA.