PRI va por juicio político contra Rocha tras nueva licencia

Irma Moreno, Paola Gárate y Lauro Gallardo buscan su destitución e inhabilitación

Culiacán, Sinaloa. – La bancada del PRI en el Congreso del Estado, integrada por Irma Moreno, Paola Gárate y Lauro Gallardo, presentó formalmente una denuncia de juicio político contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en un nuevo episodio de la crisis institucional que enfrenta Sinaloa. La pretensión central del procedimiento es lograr su destitución como Gobernador Constitucional y la inhabilitación que corresponda conforme a la Constitución y la Ley de Responsabilidades, con el argumento de que es necesario poner fin a la incertidumbre sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, recuperar la gobernabilidad y brindar certeza jurídica y política al estado.

La diputada Paola Gárate sostuvo que la licencia de Rocha Moya no debe convertirse en un impedimento para que el Congreso del Estado revise las posibles responsabilidades políticas derivadas del ejercicio de su encargo. Explicó que el juicio político es una vía autónoma de cualquier investigación penal y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los gobernadores pueden ser sujetos de este procedimiento aun cuando se encuentren con licencia.

El planteamiento ocurre después de una cadena de decisiones que ha profundizado la incertidumbre política en Sinaloa. Rocha Moya permaneció 112 días separado del cargo, regresó a la gubernatura el pasado 21 de agosto y, apenas 34 horas después, solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido. El Congreso aprobó esa nueva solicitud el 23 de agosto y abrió el procedimiento para determinar quién deberá ocupar temporalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

Gárate señaló que la acción promovida por los legisladores priistas busca que el Congreso ejerza sus atribuciones constitucionales y determine si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades políticas al mandatario estatal. La denuncia coloca nuevamente al Legislativo ante la discusión sobre la conducción del gobierno estatal y la necesidad de definir una ruta institucional ante la ausencia de Rocha Moya.

Con la presentación formal del juicio político, la bancada priista pretende que el Congreso no limite su actuación a resolver quién ocupará provisionalmente el Poder Ejecutivo, sino que también revise la actuación del gobernador con licencia y, en su caso, determine las sanciones previstas por el marco legal.