CORE33 respalda ley para quitar trámites y reducir discrecionalidad

José Miguel Loredo destaca coincidencias con CEMERGE y plantea reglas claras para ciudadanos y empresas.

CULIACÁN, SINALOA.— Eliminar trámites innecesarios, reducir la discrecionalidad de las autoridades y establecer reglas claras para evitar que ciudadanos y empresas tengan que recurrir a tribunales para resolver procedimientos administrativos son los principales objetivos que CORE33 identificó en coincidencia con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMERGE), tras analizar la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo presentada ante el Congreso del Estado.

José Miguel Loredo López, presidente en turno del Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE33), señaló que la propuesta está alineada con las políticas nacionales de simplificación administrativa y puede complementarse con las acciones que impulsa CEMERGE para facilitar los trámites y reducir las cargas que enfrentan empresarios y ciudadanos. Recordó que la semana pasada sostuvieron una reunión con el director de la comisión, Francisco Higuera Castro, y su equipo de trabajo, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa y las acciones de mejora regulatoria.

Durante la conferencia quincenal de CORE33, Loredo López explicó que la propuesta de ley no se limita a promover la digitalización de trámites, sino que también busca regular la manera en que las autoridades actúan, toman decisiones y se relacionan con los gobernados.

Precisó que la iniciativa establece un piso común para la actuación de las autoridades y plantea reglas generales sobre cómo deben desarrollarse los procedimientos administrativos, así como la forma en que deben emitirse, notificarse, ejecutarse y revisarse los actos de autoridad.

El dirigente empresarial advirtió que digitalizar un trámite no significa necesariamente resolver los problemas administrativos que enfrentan los ciudadanos. Aunque una gestión pueda comenzar a través de internet, detrás de ella continúa existiendo una autoridad que debe revisar, autorizar o rechazar la solicitud.

Por ello, consideró indispensable establecer procedimientos, obligaciones y reglas generales que reduzcan los márgenes de discrecionalidad y permitan que la actuación de las autoridades sea más predecible.

“El propósito es que el gobernado conozca no solamente los requisitos de un trámite, sino también cómo debe actuar la autoridad frente al mismo”, afirmó.

Loredo López señaló que, de aprobarse la ley, también podría contribuir a prevenir conflictos administrativos antes de que éstos terminen en los tribunales, al establecer una lógica orientada a prevenir, corregir y resolver las diferencias antes de llegar a una demanda.

Además de reducir los tiempos y las cargas administrativas, esta prevención permitiría disminuir costos para ciudadanos, empresas y el propio Gobierno, al evitar que procedimientos mal atendidos deriven en procesos judiciales.

El presidente en turno de CORE33 consideró que negar una solicitud, retrasar una respuesta o actuar de manera deficiente para posteriormente obligar al ciudadano a demandar representa una práctica contraria a los principios de una administración pública moderna y eficiente.

En el encuentro con CEMERGE, agregó, también identificaron una oportunidad concreta de coordinación en materia de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias, áreas en las que una mayor claridad en los procedimientos puede reducir cargas innecesarias y generar mayor certeza para los establecimientos y ciudadanos sujetos a revisión.

Loredo López sostuvo que la simplificación administrativa debe ir más allá de reducir formatos o trasladar trámites al ámbito digital. El objetivo, dijo, debe ser construir una relación más clara, predecible y eficiente entre la autoridad y el gobernado, con reglas que permitan conocer tanto las obligaciones del ciudadano como los límites y responsabilidades de quien ejerce la función pública.

Con ello, CORE33 manifestó su coincidencia con CEMERGE en avanzar hacia una administración que elimine obstáculos innecesarios, reduzca espacios de discrecionalidad y facilite el cumplimiento de obligaciones sin trasladar al ciudadano o al empresario los costos derivados de procedimientos administrativos deficientes.