Impulsan nueva Ley para dar certeza a trámites e inversiones en Sinaloa

ADECEM y CORE 33 reactivan iniciativa para reducir burocracia, agilizar permisos y evitar litigios.

Culiacán, Sinaloa. – La Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) y el Colectivo de Organizaciones y Empresarios (CORE 33) reactivaron la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo para Sinaloa, con el propósito de establecer reglas claras en la relación entre ciudadanos, empresas y autoridades, reducir los tiempos de respuesta en los trámites gubernamentales y fortalecer la certeza jurídica para atraer inversión. El proyecto será presentado nuevamente ante el Congreso del Estado durante agosto, luego de ser actualizado para la actual Legislatura.

El presidente de ADECEM, Julio César Silvas Inzunza, explicó que la propuesta, presentada originalmente en 2022, quedó dictaminada, pero debido al cambio de Legislatura se decidió retomarla con ajustes derivados de la experiencia acumulada y de la evolución del marco legal nacional. Destacó que ya sostuvieron reuniones con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Diego Aranzubia Iturrios, y con el diputado Ambrosio Chávez para revisar el estado del proyecto y acordar su nueva presentación.

Silvas Inzunza sostuvo que el crecimiento económico de Sinaloa no depende únicamente de atraer inversiones o abrir nuevas empresas, sino también de contar con instituciones sólidas, procedimientos transparentes y autoridades que actúen con reglas previamente definidas. Señaló que la iniciativa busca evitar que ciudadanos y empresarios enfrenten incertidumbre al solicitar permisos, licencias o realizar cualquier trámite administrativo, estableciendo plazos y mecanismos claros para la actuación de las autoridades.

Explicó que antes de presentar formalmente la iniciativa se abrirá un proceso de diálogo con las áreas jurídicas del Gobierno del Estado, los ayuntamientos, organizaciones sindicales y otros sectores involucrados, con el objetivo de enriquecer el contenido de la propuesta y construir un consenso amplio.

El dirigente empresarial destacó que actualmente 14 entidades del país ya cuentan con una Ley de Procedimiento Administrativo, cuando en 2022 únicamente siete la habían adoptado, lo que demuestra que se trata de una tendencia nacional alineada con los esfuerzos de modernización administrativa impulsados desde el ámbito federal.

Añadió que esta legislación complementaría la Ley de Responsabilidad Patrimonial vigente en Sinaloa, al establecer procedimientos que permitan brindar un servicio público más eficiente y reducir conflictos legales que, en muchos casos, derivan en costosas reparaciones del daño para los gobiernos municipales y estatal.

Silvas Inzunza enfatizó que la iniciativa no implica crear nuevas cargas presupuestales para el erario, sino generar mayor eficiencia administrativa, disminuir la litigiosidad y ofrecer mayor certidumbre tanto a los contribuyentes como a las autoridades.

Como ejemplo, mencionó que actualmente un permiso para remodelar un inmueble o desarrollar una inversión puede tardar entre tres y doce meses, dependiendo del municipio, situación que incrementa los costos para quienes emprenden proyectos y obliga, en muchos casos, a recurrir a tribunales administrativos para hacer valer sus derechos.

“Lo que buscamos es que los ciudadanos tengan reglas claras desde el principio y no tengan que gastar tiempo y dinero en abogados para resolver asuntos que podrían solucionarse con procedimientos bien establecidos”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que la iniciativa vuelva a quedar detenida en el Congreso, el presidente de ADECEM dijo percibir disposición de los legisladores para analizarla y abrir el debate correspondiente. Consideró que, al tratarse de una propuesta que no persigue intereses particulares y que busca facilitar la inversión y mejorar la administración pública, existen condiciones para que avance mediante el consenso entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo estatal y los municipios.

Silvas Inzunza reiteró que el objetivo central es construir un marco jurídico que permita a ciudadanos, empresarios y gobiernos operar con mayor certidumbre, transparencia y eficiencia, fortaleciendo la competitividad de Sinaloa y creando mejores condiciones para el desarrollo económico de la entidad.