Kenzo desata nueva polémica: AZCARM exige necropsia ajena al caso

La asociación cuestiona el traslado del tigre a Fundación Invictus y pide a PROFEPA abrir el proceso a especialistas independientes.

Ciudad de México. – La muerte del tigre de Bengala Kenzo escaló de un operativo de captura a una controversia nacional que ahora pone bajo cuestionamiento la transparencia de las autoridades ambientales. La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) exigió una investigación científica independiente y reclamó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) esclarecer por qué el cuerpo del felino fue trasladado a Fundación Invictus para realizar las diligencias post mortem, una decisión que, advirtió, podría comprometer la imparcialidad del proceso.

Tras días de seguimiento público al caso, la organización señaló que la necropsia se ha convertido en una prueba clave para determinar con precisión las causas de muerte del ejemplar, por lo que advirtió que el procedimiento no puede desarrollarse bajo un esquema que genere dudas o posibles conflictos de interés. Además, exigió conocer quién autorizó el traslado del cuerpo, bajo qué sustento jurídico y técnico se tomó la decisión y quiénes serán los especialistas responsables de emitir el dictamen oficial.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de AZCARM, afirmó que las versiones emitidas en torno al caso han mostrado inconsistencias que hoy obligan a una revisión completamente abierta y verificable.

“Hoy lo que necesitamos es verdad, absoluta transparencia para entender qué sucedió. Kenzo fue presentado públicamente como un animal rescatado exitosamente, se aseguró que estaba bien y que sería trasladado para recibir atención médica. Horas después supimos que había recibido disparos y que estaba muerto”, declaró.

El dirigente explicó que la principal preocupación radica en que Fundación Invictus pudiera tener algún grado de participación o conocimiento directo de los hechos relacionados con el rescate y traslado del ejemplar, situación que —afirmó— volvería indispensable que el análisis se realice por instancias completamente externas.

“No se puede ser juez y parte”, sostuvo.

AZCARM señaló que una necropsia que pudiera derivar en implicaciones técnicas, administrativas o incluso legales requiere desarrollarse bajo protocolos estrictos de imparcialidad, con una cadena de custodia plenamente documentada y la intervención de médicos veterinarios patólogos acreditados.

La organización consideró que instituciones académicas como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad Autónoma Metropolitana cuentan con la infraestructura y experiencia necesarias para aportar objetividad científica al procedimiento.

Asimismo, la asociación lanzó una serie de cuestionamientos sobre aspectos que considera esenciales para garantizar transparencia: quién recibió el cuerpo, en qué condiciones llegó, quién resguardó las evidencias, qué muestras serán tomadas, a qué laboratorios serán enviadas y quién tendrá acceso al dictamen completo.

En el posicionamiento también se exhortó a la titular de PROFEPA, Mariana Boy, a informar públicamente los criterios técnicos y legales que respaldaron el traslado del cuerpo a Fundación Invictus y a permitir la participación de observadores técnicos externos durante las diligencias.

“La muerte de Kenzo no puede cerrarse con un comunicado ni con una versión unilateral. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad y las instituciones tienen la obligación de demostrar, con ciencia y evidencia, qué ocurrió”, expresó Zazueta Zazueta.

Finalmente, la asociación reiteró su disposición para proponer especialistas independientes que participen como observadores técnicos y solicitó que, una vez concluidas las diligencias, se hagan públicos el dictamen de necropsia, estudios histopatológicos, toxicológicos, balísticos y toda la documentación relacionada con la cadena de custodia.

La organización sostuvo que esclarecer el caso no solo permitirá conocer qué ocurrió con Kenzo, sino que también podría evidenciar problemáticas mayores relacionadas con la tenencia ilegal de grandes felinos y las condiciones en las que muchos ejemplares permanecen en el país.