Afectados aseguran que cerca de 40 socios habrían sido excluidos de una cooperativa en Paredones; denuncian presión, división y represalias internas

Topolobampo, Sinaloa.- La disputa en torno a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) escaló más allá del debate ambiental y ahora amenaza con fracturar el tejido social de comunidades pesqueras en el norte de Sinaloa. Pescadores del campo pesquero Paredones denunciaron haber sido expulsados de la cooperativa Eustaquio Urías únicamente por aceptar empleos dentro del proyecto industrial, situación que —aseguran— ya habría dejado cerca de 40 socios fuera del padrón y derivado en al menos cuatro demandas por despidos considerados injustificados.

Los afectados, quienes pidieron mantener en reserva su identidad por temor a represalias, afirman que las bajas no obedecen a incumplimientos internos ni a faltas dentro de la organización, sino a diferencias de postura sobre el proyecto de fertilizantes. Según sus testimonios, quienes optaron por trabajar en la planta comenzaron a enfrentar exclusiones, presiones y señalamientos dentro de la propia comunidad.

“Nos están corriendo sin escucharnos, nada más por trabajar en la planta. Nosotros lo único que buscamos es sacar adelante a nuestras familias”, expresó uno de los pescadores afectados.

Los testimonios describen un ambiente de tensión creciente donde, aseguran, existe presión para participar en movilizaciones y protestas contra el proyecto industrial, mientras quienes no respaldan dichas acciones quedan expuestos a sanciones internas.

“Si no estás de acuerdo o no participas, te van sacando. Hay presión para ir a las protestas y el que no cumple queda fuera”, relató otro trabajador.

Las acusaciones también apuntan a una presunta afinidad de la dirigencia de la cooperativa con grupos opositores a la planta, situación que, a juicio de los denunciantes, estaría influyendo en decisiones que afectan a socios con una postura distinta.

“Esto ya no es solo pesca, es una cuestión de posturas. Si no piensas igual, te excluyen”, resumió uno de los testimonios.

Los pescadores sostienen que el conflicto ha dejado de ser exclusivamente un debate sobre el impacto ambiental de la planta y se ha transformado en una disputa económica y social que divide a las comunidades entre quienes apoyan el proyecto y quienes lo rechazan.

Detrás de esta confrontación, señalan, existe una realidad económica compleja. Explican que la actividad pesquera enfrenta desde hace años dificultades derivadas de temporadas irregulares, disminución en la producción y menores ingresos para las familias que dependen de ella.

“La pesca ya no alcanza. Hay temporadas buenas, pero no es constante. Uno tiene que buscar cómo sostener a la familia”, explicaron.

Incluso algunos de los trabajadores reconocieron que la problemática ambiental en la zona no puede atribuirse únicamente a proyectos industriales, ya que consideran que también existen prácticas dentro del propio sector pesquero que han contribuido al deterioro de los ecosistemas.

“También nosotros mismos hemos dañado la bahía. No todo es la industria. Hay gente que no respeta las vedas y eso afecta a todos”, señaló uno de los afectados.

Ante ese panorama, varios pescadores decidieron integrarse a la planta de GPO al considerar que representa una fuente de ingresos más estable, con pagos periódicos y prestaciones laborales que, según afirman, no encuentran actualmente en la pesca.

Los trabajadores señalaron que pese a los bloqueos y manifestaciones que han obstaculizado el acceso a las instalaciones, la empresa ha mantenido el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

“La empresa se ha portado a la altura. Nos han pagado en tiempo y forma, incluso con los bloqueos”, comentaron.

Sin embargo, aseguran que la estabilidad laboral que encontraron fuera de la pesca ha tenido un costo social importante. Relatan que dentro de sus comunidades han sido objeto de señalamientos, descalificaciones e incluso insultos por aceptar trabajar en la planta.

“Nos señalan, nos gritan cosas por trabajar ahí. Nos llaman traidores”, indicaron.

Por temor a que las tensiones escalen, los pescadores insistieron en mantener sus identidades protegidas y evitar cualquier dato que permita identificarlos.

“No podemos dar nombres. Hay miedo. Somos gente de ahí mismo y esto se puede voltear en contra”, advirtieron.

La situación exhibe una nueva dimensión del conflicto en torno al proyecto de fertilizantes en Topolobampo: una confrontación que ya no solo enfrenta posiciones sobre desarrollo económico e impacto ambiental, sino que comienza a dividir relaciones comunitarias, organizaciones pesqueras y formas de sustento entre habitantes de una misma región.

Para los afectados, el punto central de la discusión no debería limitarse a respaldar o rechazar una inversión industrial, sino garantizar el derecho de cada trabajador a buscar alternativas económicas sin ser sancionado por ello.

“No todos pensamos igual, pero eso no debería ser motivo para quitarnos nuestro lugar”, concluyeron.