Ulises Pinzón participó en el arranque de trabajos financiados por la empresa; ahora es uno de los rostros visibles de las protestas contra el proyecto

Topolobampo, Sinaloa. – La postura del síndico de Topolobampo, Ulises Pinzón, se encuentra bajo cuestionamiento público luego de que saliera a relucir que, mientras actualmente mantiene una oposición frontal a la planta de fertilizantes promovida por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), anteriormente avaló y participó en el arranque de obras de infraestructura financiadas con recursos aportados por la propia empresa en beneficio de la comunidad.

El contraste ha reavivado el debate en el puerto. En diciembre de 2024 comenzaron trabajos de rehabilitación de las redes de drenaje y agua potable en distintos sectores de la sindicatura, obras que atendieron una problemática histórica que por años afectó a cientos de familias de colonias como San José, Pestalozzi y El Colgado, donde las fallas en los servicios básicos derivaban en constantes riesgos sanitarios y afectaciones a la calidad de vida de los habitantes.

De acuerdo con los reportes de aquel momento, el evento de inicio de los trabajos contó con la presencia de autoridades y representantes comunitarios, entre ellos el propio síndico Ulises Pinzón, quien formó parte del acto protocolario en el que se anunciaron las acciones respaldadas con recursos de GPO.

Sin embargo, meses después, el mismo representante de la sindicatura sostiene una postura de rechazo al proyecto industrial impulsado por la empresa y participa activamente en las movilizaciones y bloqueos encabezados por el colectivo Aquí No, uno de los principales opositores a la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

Esta dualidad ha sido señalada por diversos sectores como una evidente incongruencia entre el discurso y los hechos. Por un lado, se mantiene un posicionamiento político y social en contra del proyecto; por otro, se aceptaron beneficios concretos derivados de la relación con la empresa, particularmente obras que resolvieron necesidades urgentes en materia de infraestructura hidráulica.

En términos prácticos, los apoyos permitieron atender problemas estructurales que habían permanecido sin solución durante años, mejorando el acceso a servicios esenciales para decenas de familias. Esto ha llevado a que ciudadanos y actores involucrados en el debate cuestionen la consistencia de la postura asumida por el síndico frente a un proyecto que continúa dividiendo opiniones en la región.

El caso adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la polarización en torno a la planta de fertilizantes de GPO. Mientras un sector sostiene preocupaciones ambientales y exige frenar el desarrollo del proyecto, otro destaca los beneficios económicos, sociales y de infraestructura que la empresa ha llevado a comunidades del puerto.

Bajo ese escenario, la actuación de Ulises Pinzón queda nuevamente bajo el escrutinio público, al evidenciarse una brecha entre el rechazo que hoy encabeza y la aceptación previa de obras que representaron soluciones tangibles para habitantes de Topolobampo.