Gobierno federal acuerda inspecciones, evaluación de riesgos y revisión de permisos junto a comunidades indígenas y el colectivo Aquí No.

Los Mochis, Sinaloa. – Cerca de cuatro horas de diálogo privado entre autoridades federales, comunidades indígenas y representantes del colectivo Aquí No derivaron en un giro inesperado en la ruta del polémico proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo. Desde los salones del Hotel Santa Anita, en Los Mochis, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció públicamente la existencia de inconsistencias y cuestionamientos alrededor del proceso de autorizaciones ambientales, por lo que propuso la instalación de mesas técnicas para revisar a fondo los permisos, estudios y riesgos asociados a la obra.

La funcionaria federal admitió que el proyecto, considerado una de las inversiones industriales más importantes para el norte de Sinaloa, arrastra una larga historia de controversias legales, observaciones ciudadanas y señalamientos que, dijo, deben analizarse con rigor científico y técnico. “Lo que hemos escuchado aquí es una historia de legalidad, de muchos problemas que ha habido desde que se inició este proyecto. Es un tema muy importante para Sinaloa, pero eso no quita que tengamos que analizar con mucho cuidado qué pasó y las inconsistencias que ha habido”, expresó durante el encuentro sostenido con integrantes del colectivo opositor y grupos indígenas de la región.

Bárcena planteó la conformación de una mesa técnica especializada para revisar las manifestaciones de impacto ambiental relacionadas con los tres componentes vinculados al proyecto: la planta de amoniaco, las llenaderas y el muelle. El objetivo será analizar condicionantes, autorizaciones emitidas en años recientes y las diferencias existentes entre diversos estudios presentados a lo largo del proceso.

“Los invito a una mesa técnica para revisar las inconsistencias de las autorizaciones de 2022, de estos proyectos, que analicen las inconsistencias con detalle y vean cómo contestarlas”, señaló la titular de Semarnat, al considerar indispensable revisar la evidencia científica disponible y determinar qué elementos pudieron haber quedado fuera de las evaluaciones oficiales.

Otro de los puntos que concentró la atención de los asistentes fue la evaluación integral de riesgos. La secretaria reconoció que la seguridad ambiental y social es una de las principales preocupaciones expresadas por las comunidades, por lo que se acordó integrar una mesa específica para revisar toda la información técnica disponible relacionada con la operación de la planta.

“Tenemos que retomar los estudios y toda la información disponible. Lo importante es revisar qué se hizo, qué no se presentó y qué elementos faltan por analizar”, afirmó.

Sin espacio para preguntas por parte de los medios de comunicación, posteriormente se ofreció una conferencia encabezada por Alicia Bárcena y funcionarios federales, en la que únicamente se dieron a conocer los acuerdos alcanzados durante la reunión privada. En el presídium participaron Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de Protección al Ambiente; Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca; Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; además del síndico de Topolobampo, Joel Ulises Pinzón Vázquez.

Mauricio Rodríguez fue el encargado de dar lectura a los compromisos asumidos. El primero establece la continuidad de las mesas de diálogo para escuchar las distintas posturas en torno al proyecto. El segundo acuerdo contempla que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizará una inspección actualizada en la zona, acompañada por representantes de las comunidades involucradas.

El tercer compromiso consiste en que el Gobierno federal buscará a la empresa GPO para exponerle las inquietudes, observaciones y acuerdos derivados de la reunión, garantizando en todo momento el respeto al derecho de libre manifestación de quienes se oponen a la obra. Finalmente, las autoridades reiteraron su disposición para mantener abiertos los canales de comunicación con todos los sectores de la población.

Durante su mensaje, Bárcena adelantó además que Semarnat impulsará la conclusión y formalización del instrumento de manejo del sitio Ramsar donde se ubica la zona de influencia del proyecto, a fin de fortalecer la protección ambiental del humedal reconocido internacionalmente.

“Vamos a tratar de elaborar el instrumento de manejo del Ramsar. Vamos a concluirlo, revisarlo e inscribirlo en la instancia internacional correspondiente”, explicó.

La secretaria también informó que la inspección anunciada por Profepa podría realizarse la próxima semana para conocer el estado actual del sitio y alimentar los trabajos técnicos posteriores.

Aunque aún no se ha definido quiénes integrarán formalmente las mesas técnicas por parte del colectivo Aquí No, comunidades indígenas y autoridades gubernamentales, el Gobierno federal aseguró que la conformación de estos espacios será acordada en los próximos días y se informará oportunamente.

Los acuerdos alcanzados este viernes podrían marcar una nueva etapa en uno de los conflictos socioambientales más relevantes de Sinaloa en los últimos años. Sin cancelar ni avalar el proyecto de manera definitiva, la Federación optó por abrir un proceso de revisión técnica y diálogo que buscará conciliar el desarrollo industrial con las preocupaciones ambientales y sociales expresadas por las comunidades del norte del estado.