Más de 100 agresiones silencian al periodismo en Sinaloa

Asociación 7 de Junio denuncia hostigamiento militar e impunidad total

Culiacán, Sinaloa.- Más de 100 incidentes contra periodistas han sido registrados en Sinaloa desde septiembre de 2024 en medio del recrudecimiento de la violencia, reveló Jesús Bustamante Rivera, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, quien advirtió que ejercer el oficio se ha convertido en una actividad cada vez más riesgosa por las agresiones, intimidaciones y obstáculos impuestos principalmente durante operativos de fuerzas federales. El dirigente señaló que, pese al elevado número de casos documentados por el Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, menos de 20 han sido formalizados ante la vicefiscalía especializada.

Bustamante Rivera denunció que recientemente dos periodistas fueron agredidos físicamente por elementos militares mientras realizaban coberturas de seguridad. Los comunicadores, explicó, fueron empujados, insultados e incluso intentaron detenerlos y subirlos a una camioneta oficial, situación que terminó siendo frenada por policías estatales que intervinieron para evitar el arresto.

“Cada vez es más difícil trabajar en contextos de violencia”, lamentó el representante de la Asociación 7 de Junio, al señalar que las fuerzas federales se han convertido en el principal foco de conflicto para la prensa en Sinaloa debido a que constantemente buscan impedir fotografías, transmisiones o la presencia de reporteros en las zonas de operativos.

Detalló que, aunque las corporaciones locales ya identifican a la mayoría de los periodistas que cubren la fuente policiaca, los elementos federales operan bajo estrategias distintas que derivan en hostigamientos, intimidaciones y agresiones directas. Incluso cuando los comunicadores se identifican plenamente o utilizan vehículos rotulados y equipo de prensa, dijo, la instrucción suele ser alejarlos de la escena.

Bustamante sostuvo que el problema se agrava porque muchos periodistas desconfían de las instituciones y prefieren no presentar denuncias formales, convencidos de que los procesos son largos, burocráticos y terminan sin resultados concretos. Aun así, insistió en que denunciar es fundamental para visibilizar la magnitud de las agresiones y obligar a las autoridades a actuar.

Explicó que la Asociación 7 de Junio no tiene facultades legales para investigar o sancionar, pero sí acompaña, asesora y canaliza los casos al Instituto de Protección o a la nueva vicefiscalía especializada en atención a periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, reconoció que en múltiples ocasiones las propias autoridades intentan reclasificar los casos y enviarlos a otras unidades de investigación, minimizando el contexto periodístico de las agresiones.

“Les dicen que es un robo o cualquier otro delito, pero no analizan por qué ocurrió mientras estaban trabajando. Si le quitan el celular a un periodista durante una cobertura, se debe investigar si buscaban impedir una transmisión o intimidarlo por su trabajo”, reclamó.

El líder de la agrupación indicó que actualmente existen alrededor de 20 expedientes radicados formalmente en la vicefiscalía especializada, aunque aseguró que ninguno ha concluido con personas detenidas o sentenciadas. Algunos expedientes, dijo, han sido cerrados o canalizados a otras áreas, sin que exista una resolución real sobre los responsables.

Entre los delitos más recurrentes documentados se encuentran intimidación, violencia digital en redes sociales y agresiones físicas durante protestas, coberturas de seguridad o manifestaciones públicas. También recordó ataques armados registrados años atrás contra instalaciones de medios de comunicación en Sinaloa, cuyos expedientes fueron atraídos por la vicefiscalía sin que hasta ahora existan avances significativos.

Bustamante Rivera consideró que el Instituto de Protección realiza esfuerzos importantes, pero enfrenta limitaciones severas por falta de presupuesto y personal. Señaló que apenas dos o tres personas atienden casos en todo el estado, lo que dificulta brindar seguimiento oportuno en municipios alejados de Culiacán.

“El problema no es solamente de voluntad, también es de capacidad operativa. Son demasiados casos para tan poco personal”, expresó.

Sobre la reciente agresión a periodistas por parte de militares, reiteró que el Instituto de Protección ya tuvo acercamiento con las víctimas para conocer el contexto y ofrecer acompañamiento, aunque desconoce si los afectados decidieron formalizar la denuncia ante la vicefiscalía. No obstante, insistió en que existió contacto físico, amenazas e intento de privación de la libertad, por lo que consideró indispensable que el caso sea investigado como una agresión directa al ejercicio periodístico.

“El asunto evidentemente es un ataque. Hubo empujones, amenazas, intentos de quitarles el teléfono y de llevárselos detenidos. Eso no puede normalizarse”, concluyó.