La legislación sobre plaguicidas altamente peligrosos, PAPs, debe basarse en evidencia científica y no en ideología.

Los argumentos para la prohibición de los PAPs son engañosos y manipulan la realidad.

La prohibición de los PAPs, casi duplicaría los costos de producción de maíz, lo que encarecería el precio de la tortilla.

Los bioinsumos, como todo plaguicida, deben ser también regulados y sometidos a un proceso de autorización sanitaria.

Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2022. – En el webinar “Prohibición de Plaguicidas: contexto legislativo e impactos” el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, explicó las graves consecuencias que la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, PAPs, tendría en el país, como una baja de la producción agrícola, el aumento en los costos de producción de los cultivos y el aumento en el precio de los alimentos, así como un incentivo para la compra de plaguicidas ilegales, causantes de graves daños a la salud de productores y consumidores, así como del medio ambiente.

González Cepeda dijo que “el campo mexicano está sometido a un proceso de incertidumbre derivado de diferentes decisiones políticas, como la prohibición de importar maíz amarillo de Estados Unidos y del que México importó 17 millones de toneladas el año pasado, o los intentos por reformar diferentes leyes, como la Ley General de Salud, que busca prohibir a los PAPs, sin tomar en cuenta las graves consecuencias económicas y sociales que tendría su prohibición”.

El presidente de la UMFFAAC dijo que el debate en torno a los PAPs ha sido muy engañoso porque  los argumentos a favor de prohibir los plaguicidas están basados en la ideología y la manipulación de información y citó dos ejemplos contundentes: “El primero nos dice que los plaguicidas afectan la salud de miles de jornaleros agrícolas del país, pero el Reporte Nacional de Intoxicaciones por Plaguicidas nos indica que hay una clara tendencia a la baja, pues en el año 2015 se reportaron en total poco más de 4 mil casos y para el año pasado, la cifra era de 2 mil 112 casos. Es decir, es una exageración decir que los plaguicidas son un peligro para la salud de los agricultores, pues siempre y cuando estos los manejen de manera adecuada, con el equipo necesario y siguiendo las instrucciones para su aplicación.”

Otro ejemplo de manipulación que dio González Cepeda es asociar a los PAPs con la muerte de las abejas. Explicó que “que la población de las abejas ha aumentado en los últimos años. En 2015, había 2 millones 17 mil; para 2018, había 2 millones 172 mil, y el año pasado 2 millones 226 mil, según los datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de modo que no hay ningún fundamento para afirmar que hay una disminución en la población de las abejas para justificar que se prohíban los PAPs.”

El presidente de la UMFFAAC fue muy claro también al demostrar las consecuencias económicas de la prohibición de los PAPs, pues dijo que cultivos como el aguacate ya no podrían utilizar el 67%, de las sustancias necesarias para protegerlo de las plagas, el limón perdería el 48%, la caña, 48%, naranja, 47%, maíz, 43%, la papa 42% el jitomate y pimiento 37%, y la zarzamora, 32%.

En este sentido, González Cepeda dijo que “la pérdida de los ingredientes activos de los PAPs  causaría que los cultivos no se protejan de manera eficaz contra las plagas, y el resultado sería una disminución en la producción agrícola, se encarecerían los costos de producción por la búsqueda de alternativas que sustituyeran los plaguicidas, tendríamos que importar más alimentos y aumentaría el precio de los mismos, justo cuando el gobierno busca controlar la inflación de la canasta básica, lo que a su vez afectaría a los sectores más pobres de la población.”

En cuanto al impacto en los costos de producción que tendría la prohibición de los PAPS, el presidente de la UMFAAC demostró el caso del maíz de temporal en Jalisco y Chiapas. En el primero, el costo por hectárea aumentaría de 7 mil 500 pesos a 12 mil pesos, mientras que, en Chiapas, el costo pasaría de mil 700 pesos a 2 mil 650 pesos, “lo que incrementaría el precio de la tortilla, nos obligaría a importar más maíz e, inclusive, podría llevar a los productores a abandonar el campo al dejar de ser una actividad rentable”.

González Cepeda dijo también que los bio-insumos sí pueden ser una opción a los plaguicidas químicos, pero no tienen la capacidad de garantizar la producción a escala que el mundo y el país necesitan para alimentarse. Además, dijo, “deben ser también regulados, porque, no por el hecho de que sean orgánicos, dejan de ser un riesgo para la salud. Plaguicida es todo aquello que mata plagas, sea orgánico, biológico o químico, de ahí la importancia que se sometan a un proceso riguroso que certifique que no sean un peligro para la salud y el medio ambiente.”

Finalmente, el presidente de la UMFFAAC insistió en que “la regulación de los PAPs no debe basarse en un enfoque prohibitivo, para que se adopte uno de carácter integral, que tome en cuenta tipos de cultivos, regiones, y que considere lo que se conoce como los Límites Máximos de Presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos (LMRs), como está regulado a nivel internacional, de acuerdo al Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR), una responsabilidad que en conjunto tienen la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO y la Organización Mundial de la Salud, OMS.”