Es necesaria y urgente la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la Ley General de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa y las leyes locales para prevenir y evitar las muertes o lesiones graves ocasionadas por los accidentes de tránsito coincidieron los ponentes en el Foro de Parlamento Abierto “La Movilidad y Seguridad Vial como Derecho Humano”.

Al dar la bienvenida a este foro organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo, subrayó que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad según la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

“La pérdida de vidas humanas y de capacidades que sufre nuestra sociedad se ha visto en ocasiones como un mal inevitable producido por el progreso, pero hay que afirmar con seguridad que los accidentes viales son evitables”, comentó.

Sostuvo que para bajar la tasa de mortalidad por hechos de tránsito deberán aplicarse políticas públicas con carácter de Estado, con la voz de las instituciones que tienen en su haber la movilidad y la seguridad vial.

Rosalinda Morales Garza, directora general del Programa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y Ambientales de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisó que la movilidad humana es un factor esencial para el desarrollo de todas las sociedades.

Subrayó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022, consagra a la Movilidad y Seguridad Vial como un derecho humano que se debe garantizar y que forma parte de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales.

Enfatizó que las leyes no estaban o están considerando lo peligroso que resulta la falta de regulación para la movilidad automovilística. Al priorizar este tipo de transporte, los tomadores de decisiones se olvidaron de quienes habitan las calles, de los peatones, ciclistas o que utilizan otras formas de transitar.

Por tal motivo, aseguró, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial otorga la mayor protección a las y los ciudadanos, sentando la base para la homologación de normas que rigen el comportamiento de las y los usuarios en la vía pública.

Juliana Araujo Coronel, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, apuntó que las personas con discapacidad forman parte de los grupos que históricamente han sido marginados en todas las sociedades que son incapaces de aceptar la diversidad.

“Los Estados deben adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con la demás, al entorno físico y el transporte”, expuso al subrayar que la ley estatal debe ser de gran calado cuyo eje central sean las personas y los derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad.

Agustín Martínez Monterrubio, presidente de la asociación civil Bicitekas e integrante de la Coalición Movilidad Segura, expresó que ninguna muerte ni lesión grave por el tránsito es aceptable al lamentar que al año pierden la vida 16 mil personas en México y más del 40 por ciento son peatones.

“Necesitamos recuperar los espacios públicos para poder disfrutar las ciudades, nos merecemos una movilidad segura y que no mueran nuestros seres queridos en el camino”, aseveró al advertir que un tema prioritario es el transporte, haciendo énfasis en los sistemas públicos.

Jesús del Carmen Quiroz Ramírez, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sinaloa, recordó que el 11 de octubre de 2022 se instaló el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, mecanismo de coordinación entre las autoridades competentes que permitirá cumplir los principios de la Ley General.

Informó que este sistema tendrá que rendir un informe anual sobre sus resultados precisando que en un año deberá presentar la estrategia nacional. “Actualmente se están proyectando cinco foros nacionales y en mayo de 2023 se deberá aprobar la estrategia nacional de Movilidad y Seguridad Vial”, comentó.

Luis Ernesto Castro Castro, director general de Mapasin, sostuvo que Sinaloa no puede resistir más la dinámica de movilidad urbana que registra en sus ciudades y en especial Culiacán, por sus altos índices de siniestralidad y mortalidad vial que se registran día a día.

Rodolfo Jiménez López, subsecretario de gobierno, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya, subrayó que estamos ante un orden jurídico nuevo que trata de reducir el número de accidentes y fatalidades, pero también garantizar la igualdad.

La diputada Giovanna Morachis Paperini, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, entregó los reconocimientos a los ponentes y el diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, al pronunciar el mensaje de clausura, hizo un llamado a sensibilizar e informar a la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial para cumplir el principio de disminuir los accidentes y la mortalidad, para el bienestar de la sociedad.