Deberán órganos jurisdiccionales difundir versiones públicas de todas las sentencias 0 112

El Congreso del Estado de Sinaloa reformó la fracción II del Artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para que órganos jurisdiccionales difundan las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

Por unanimidad, se aprobó un dictamen que elaboró la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside la diputada Cecilia Covarrubias González.

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, secretaria de la Mesa Directiva, leyó el dictamen, y después de la dispensa de la segunda lectura, procedió la discusión y posterior votación.

Durante la etapa de la discusión, a favor del dictamen hablaron, las diputadas y los diputados, Cecilia Covarrubias González, MORENA; Jesús Armando Ramírez Guzmán, PRI; Jesús Angélica Díaz Quiñónez, PAS; y Jorge Iván Villalobos Seáñez, PAN.

Con 37 votos se aprobó dictamen para que todos los sujetos obligados del Poder Judicial y órganos jurisdiccionales administrativos, laborales y electorales, pongan a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

La Comisión resolvió pertinente reformar la fracción II del artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en materia de publicación de versiones públicas de todas las sentencias emitidas del Poder Judicial y órganos jurisdiccionales administrativos, laborales y electorales.

La comisión dictaminadora consideró como un aspecto de progresividad del derecho humano de acceso a la información pública y dado que la estructura de la Ley así lo contempla se considera viable obligar a la publicación de sus sentencias a dichos órganos ya comentados.

Actualmente la fracción II del Artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, hace referencia a la disposición del público ‘las versiones públicas de las sentencias relevantes o de interés público, con los respectivos votos particulares si los hubiera’.

Con esta reforma aprobada a la fracción II del Artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a disposición del público, serán ‘las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; con los respectivos votos particulares si los hubiera”.

El Poder Judicial del Estado, los Órganos Jurisdiccionales Administrativos, Laborales y Electorales, contarán con un plazo de 180 días para iniciar la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de acuerdo con un transitorio.

El presente Decreto entrará en vigor el día 9 de febrero de 2021, previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.

A la Comisión le fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, cuatro iniciativas. Dos del grupo parlamentario del PRI; una de la diputada del PAS y una más del grupo parlamentario de MORENA, diputadas y diputados de la presente Legislatura.

De acuerdo con el dictamen en lo general, el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un pilar fundamental en el acceso de todas las personas al goce de diversos derechos humanos que le son reconocidos en dicha Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

En lo particular, la Comisión que dictaminó consideró viable el contenido de las iniciativas, dado que todas en su conjunto coinciden en armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo al deber de los sujetos obligados de los Poderes Judiciales de poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.

Lo anterior, con el ánimo de adoptar las medidas necesarias para maximizar la transparencia en la impartición de justicia, incluyendo la creación de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener información relativa a todas las sentencias que se emitan.

Después de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, ordenó expedir el Decreto correspondiente.

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