La CEDH ha dado seguimiento a las quejas desde el inicio del proyecto; el principal reclamo es la protección del Sitio Ramsar y evitar daños a la bahía.

Los Mochis, Sinaloa.- Desde que Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) presentó el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, al menos cuatro comunidades indígenas del municipio de Ahome y zonas colindantes con el puerto han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), argumentando posibles afectaciones ambientales y la falta de respeto a un ecosistema considerado de alta relevancia ecológica.

Así lo dio a conocer el presidente de la CEDH en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, al ser abordado por medios de comunicación tras el encuentro celebrado entre autoridades de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Economía, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con colectivos indígenas del norte del estado en el hotel Santa Anita, en Los Mochis.

El ombudsman sinaloense explicó que el organismo ha acompañado y dado seguimiento a las inconformidades presentadas por los pueblos originarios desde el arranque del proyecto industrial, al considerar que existen inquietudes legítimas relacionadas con el impacto ambiental que podría generar la operación de la planta.

“Las comunidades que han presentado sus quejas son pueblos que se sienten afectados. Nosotros les hemos dado seguimiento en todo momento. Para ellos, el mayor problema es la afectación al medio ambiente”, expresó.

Loza Ochoa señaló que una de las principales preocupaciones de los grupos indígenas es la protección del Sitio Ramsar, figura internacional que reconoce la importancia ecológica de los humedales de la zona, así como los posibles riesgos asociados a la instalación y funcionamiento de la planta de fertilizantes.

“Consideran que no se ha respetado el Sitio Ramsar y que existen riesgos con la instalación de esta planta”, sostuvo.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aclaró que la postura del organismo no es la de respaldar o rechazar el proyecto de inversión, sino vigilar que se respeten los derechos de las comunidades involucradas y que se cumplan estrictamente todos los procedimientos establecidos en la ley.

“Aquí no se trata de estar a favor o en contra del proyecto. Se trata de que se cumplan todos los protocolos y que no se afecte la bahía”, puntualizó.

Pese a la complejidad del conflicto que por años ha dividido opiniones entre sectores productivos y grupos ambientalistas e indígenas, Loza Ochoa consideró que aún existen condiciones para construir acuerdos que permitan atender las preocupaciones de las comunidades sin dejar de lado el diálogo institucional.

“Yo creo que esta situación sí puede solucionarse”, manifestó.

La reunión realizada en Los Mochis formó parte de los acercamientos entre autoridades federales y representantes de colectivos indígenas del norte de Sinaloa, quienes han insistido en que cualquier decisión relacionada con el proyecto debe garantizar el respeto a sus derechos, la protección del entorno natural y la observancia de los mecanismos de consulta y participación que establece la legislación nacional e internacional.