“En el camino de transformación que vive el país es inaceptable que la justicia esté al servicio del dinero y del influyentismo”.

Es clara la colusión con el grupo de Antonio Marín y Víctor Velázquez ya que se arriesgaron a que la CFE cayera en desacato.

Las pérdidas económicas por la falta de energía en la planta ascienden en estos momentos a más de 150 millones de pesos

Ciudad de México; a 1 de septiembre de 2022. – Los socios cooperativistas de La Cruz Azul, administradores legales de la Planta de Tula, acusaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desacató la resolución del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Alejandro Dzib Sotelo, que obligaba a la empresa nacional a restablecer el servicio de luz a dicha planta.

Sin embargo, un día después, el mismo juez Dzib Sotelo, se retractó, a petición del responsable de asuntos jurídicos de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, Ricardo Hernández, quién es cercano al grupo de Víctor Velázquez y José Antonio Marín.

Los cooperativistas indicaron que este tipo de acciones por parte del juzgado del Poder Judicial de la Federación y del funcionario de la CFE son una muestra de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene razón cuando afirma que es necesario erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

Por ello, los afectados, hicieron “un respetuoso pero enérgico llamado al ministro presidente Arturo Záldivar para que tome cartas en este asunto e investigue el desacato de la CFE y de cuanto fueron los cañonazos de dinero para que el juez Dzib Sotelo, quien ya tiene quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cambiara de decisión en un día”.

Mediante un escrito, los cooperativistas señalaron que “En el camino de transformación que vive el país es inaceptable que la justicia esté al servicio del dinero y del influyentismo”.

Asimismo, hicieron un llamado al director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para que verifique la información jurídica que le presentan sus subalternos ya que lo están engañando y lo exponen a violar la ley como el caso del evidente desacato en el que cayó esa dependencia.

Aseveran que “es clara la colusión entre Ricardo Hernández, el juez Dzib Sotelo y el grupo de Marín y Velázquez ya que se arriesgaron a que la CFE cayera en el desacato, sabiendo que estaba en curso la negociación económica para el cambio de la resolución”.

Cabe destacar, que los administradores legales de la Planta de Tula señalaron que las pérdidas económicas por la falta de energía en la planta ascienden en estos momentos a más de 150 millones de pesos, “afectando de manera inhumana la posibilidad de subsistencia básica de casi 5000 familias y el pago oportuno de salarios, lo que compromete el regreso a clases de los hijos de socios y trabajadores.

Aunado a todo ello hay una preocupación permanente por la posibilidad de que el grupo de Marín y Velázquez orquesten un nuevo baño de sangre e intenten una vez más tomar de manera violenta las instalaciones de la planta.